Para reducir el déficit y no destruir el tejido productivo, los recortes del Estado han de realizarse en actividades administrativas y no productivas. Reducir la burocracia política y administrativa, los gastos suntuosos, las subvenciones a fundaciones, asociaciones, sindicatos y partidos, las duplicidades de órganos políticos y administrativos y optimizando el funcionamiento de una administración pública eficaz y eficiente.

Con el fin de evitar corrupción e ineficiencias es necesaria la venta de empresas públicas y la privatización de las actividades productivas, pero sometidas a una clara regulación mediante desarrollo de normativas que garanticen la transparencia y la competitividad de los mercados.

Evitando recortes en aquellos gastos que inciden de manera inmediata en actividades productivas y con menores “daños colaterales”, se evitará entrar en el círculo vicioso que se produce cuando se recorta el gasto público produciendo más paro, menos consumo, destrucción del tejido empresarial y, consiguientemente menos impuestos, lo que supone la necesidad de nuevos recortes, cerrándose así el círculo vicioso.

Es necesario pasar a uno virtuoso, en el que se genere más demanda, lo que supone aumento de la actividad empresarial, generando riqueza y por tanto mayor recaudación que permita enjugar los déficits y entrar en la senda del equilibrio presupuestario e incluso el superávit. Solo con un círculo virtuoso se puede generar una sociedad de bienestar.

Pero también es necesaria una regulación del sector bancario mediante desarrollo de normativas que garanticen la total transparencia y la competitividad, impidiendo la realización de actividades oligopolísticas o especulativas, garantizando a las empresas el acceso al crédito, medio imprescindible para el crecimiento económico. Hay que poner el dinero a trabajar.

También hay que separar a aquellas entidades, fundamentalmente cajas de ahorros, que a partir de las regulaciones del actual
régimen político de las autonomías, sufrieron una perversión en su actividad, su gestión y sus fines, siendo manejadas con la connivencia de los políticos de manera irresponsable y corrupta, cerrándolas o vendiéndolas.

Hay que acabar con los larguísimos contratos de letra pequeña, ilegibles y leoninos, para pasar a un entorno de trasparencia
y claridad que permita que las decisiones estén fundamentadas en aquellos elementos de diferenciación motivados por la competitividad entre las entidades financieras. Que inversores e impositores conozcan realmente la situación de sus depósitos.

Y esto hay que hacerlo, no solo en el mercado interior español y europeo sino en el mercado mundial, protegiendo a nuestros
mercados internos en tanto se implanten estas medidas a nivel mundial, trabajando en esta línea en las organizaciones económicas y políticas mundiales.

Pero nada de esto servirá si no hay seguridad jurídica, si no hay un juego político limpio, si seguimos en un régimen partitocrático donde la división de poderes se diluye y donde la ambición de los partidos se focaliza en ganar votos a pesar de todo. Estas son las asignaturas pendientes del nuevo gobierno del Partido Popular a partir del 20 de noviembre y estas son las asignaturas que han de resolver los hombres de bien de los partidos de la izquierda para la próxima legislatura: consolidar el
Estado de Derecho, profundizar en la participación de la Sociedad Civil, garantizar la seguridad y la igualdad jurídica y la división de poderes, en un entorno de libertad y de confianza.