Por todos es reconocida la hipertrofia parlamentaria en España: 17 parlamentos autonómicos mas el Congreso y el Senado, mas los órganos colegidos de las Diputaciones Provinciales y los Ayuntamientos.

La estructura política de un Estado que cuenta con 17 parlamentos autonómicos, que conlleva soportar las respectivas sedes, gastos de mantenimiento, gastos administrativos, del personal funcionario y sueldo de los políticos es insostenible, tanto económica como políticamente. Y los ciudadanos reclaman con vehemencia un cambio.

Contamos con un Senado que ni es una cámara de representación territorial ni resuelve ninguna función relevante, antes bien, supone una carga burocrática para el desarrollo de la función legislativa.

La idea que expongo para el debate es que los miembros de los parlamentos lo sean sin retribución, es decir, sin salario. Solo cobrarían sueldo aquellos parlamentarios que ejerzan un cargo, por ejemplo el presidente y el secretario. El resto solo cobraría por los trabajos efectivamente realizados pero nunca por el hecho de calentar un banco y seguir la disciplina del partido a la hora de votar.

Las elecciones a senadores desaparecerían y el Senado se compondría únicamente por representantes de los parlamentos autonómicos. De esta manera de evitarían duplicidad de políticos y sueldos.

Dado el actual galimatías legal derivada de la profusión legislativa llevada hasta ahora por los parlamentos autonómicos, la función del Senado sería la de analizar las leyes actuales de los parlamentos autonómicos con el fin de refundirlas en textos genéricos para todo el Estado en la medida en que no respondan a aspectos claramente singulares para la comunidad autónoma correspondiente. Estas leyes refundidas y hábiles para todo el Estado serían refrendadas por el Congreso de los Diputados.

En el futuro, toda ley desarrollada por el parlamento de una comunidad autónoma debería estar sometida a la aprobación por el Senado, sin cuya aprobación dicha ley no sería efectiva. El Senado podría estudiar la posible aplicación de una ley de iniciativa autonómica a todo el Estado. En ese caso propondría el texto de ley aprobado a su aprobación definitiva en el Congreso de los Diputados.

Por supuesto esto sobre la base de una nueva ley electoral que garantice las listas abiertas y la proporcionalidad. Una reforma del Estado que garantice la independencia de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y sin menoscabo de una profunda reforma del Estado de las Autonomías en el que se resuelvan los problemas actuales en cuanto a las competencias autonómicas, la coordinación de las administraciones públicas, el papel del Estado y la limitación en cuanto a los gastos y la determinación de las funciones de las administraciones públicas autonómicas, locales y estatales.