En la Universidad se necesitan profundas reformas que aporten eficiencia y calidad, no solo medidas de recorte

La situación actual de las universidades públicas en España viene caracterizada por un déficit de financiación, deterioro progresivo de la calidad, enorme burocratización, inmovilismo de profesorado debido a su funcionarización, con una falta absoluta de autoridad y no digamos ya de reconocimiento por parte del alumnado, a su saber y experiencia.

Este deterioro de las Universidades públicas viene ya condicionado por el deterioro de la enseñanza primaria y secundaria lo que condiciona el bajo nivel formativo con que llega el alumnado a las universidades.

Recientemente el Ministro Jose Ignacio Wert comentaba que tasa de abandono de los estudios superiores es del 30%, lo que es casi el doble de la UE y supone un gasto de cerca de los 3.000 millones de euros, así como que el 21% de los graduados menores de 29 años no tiene empleo y que la universidad está poco internacionalizada, con pocos alumnos y docentes extranjeros y con también una escasa movilidad.

La politización de las Universidades

Las universidades públicas están muy politizadas y su gobierno muy mediatizado por la complejidad de los órganos de gobierno creados por la Ley de Reforma Universitaria de 1983 por las limitaciones impuestas a los consejos sociales, los excesos asamblearios consagrados en muchos estatutos universitarios y las prácticas de clientelismo y de disolución de la responsabilidad, alimentadas por los sistemas de elección de cargos académicos y de gobierno universitario, siendo los sistemas de selección del profesorado endogámicos y perversos.

Durante los últimos años ha proliferado la apertura de universidades públicas por los políticos sin garantías de sostenibilidad futura no financiera ni docente.

Como con excelente juicio señalaba ya hace años el profesor Miguel A. Quintanilla, Catedrático de Lógica de la Universidad de Salamanca, “las universidades españolas tienen poca autonomía. Sobre el papel, mucha, pero en la práctica, muy escasa. Un Gobierno regional se puede permitir el lujo de parcelar una universidad en contra de la opinión del rector, crear o autorizar universidades públicas y privadas sin las garantías mínimas que la propia legislación y las tradiciones académicas exigen, condicionar arbitrariamente la programación de cursos y las carreras o presionando a las autoridades académicas con la reducción o el aumento de los presupuestos”, por ejemplo.

Nuestras Universidades públicas están muy lejos de las principales universidades en el mundo, según se comprueba en la baja posición de las mismas en el ranking académico de universidades a nivel mundial organizado por la Center for World-Class Universities of Shanghai Jiao Tong University (CWCU) con la European Centre for Higher Education de la UNESCO y otros muchos. No así las Privadas y especialmente las Escuelas de Negocios españolas, especialmente el Instituto de Empresa y el IESE que figuran en los primeros puestos de estas listas desde hace tiempo, atrayendo por ello cada vez mejores estudiantes y más extranjeros, permitiendo a sus graduados ir por el mundo orgullosos de haber estudiado en escuelas con reconocido prestigio internacional.

Ya no vale tener un título. Lo importante es qué universidad te lo otorgó, pues eso demostrará la valía de la preparación como compendio de virtudes, actitudes y conocimientos.

La Comisión de Expertos que analizará la reforma del sistema universitario español ha de ser consciente que no basta con reformar aspectos del modelo actual, es que hay que cambiar de modelo porque el actual no sirve por mucho que se le echen parches.

El modelo que proponemos reclama una total autonomía de gestión para las Universidades, tanto públicas como privadas. Esto significa que las Universidades desarrollarán sus propios criterios de selección de estudiantes y el desarrollo de estudios complementarios, en un marco de competitividad. Las Universidades definirán su estrategia, su perfil y sus objetivos en un entorno de competitividad que fuerce a la innovación y la mejora de la calidad en busca de la excelencia.

Solo la libertad y la competitividad son garantía de eficiencia, innovación y calidad. Libertad de elección, libertad de creación y libertad de gestión y libre competencia en un mercado trasparente y autoregulado.

Nuestro Modelo contempla por tanto la libertad de creación de Universidades, y Facultades, pero siempre que cumplan las garantías de sostenibilidad docente y financiera, y no tratar de regular ni la oferta ni la demanda desde intereses corporativos o políticos. Hagamos más trasparente la situación del mercado de la formación universitaria y del mercado de trabajo para que la demanda, y la oferta, se regulen por sí mismas. Fomentemos la libre competencia entre universidades, pero regulemos para dar transparencia al mercado, garantizar la calidad de la oferta, favorecer la accesibilidad y evitar el monopolio y la especulación.

Finalmente el modelo se completa con la exigencia de una total transparencia sobre los recursos y los resultados obtenidos por las Universidades públicas y privadas mediante sistemas de información con indicadores públicos comparables.

Para ello es necesario realizar una eficaz acción de control de la calidad de la enseñanza en las universidades, realizada por un consejo estatal, diferente de la actual ANECA, formado por elementos de la sociedad civil y con el apoyo de las la administraciones públicas, quienes desarrollarán además estudios de necesidades de profesionales y de centros educativos tanto en formación de grado como de posgrado.