Existe la evidencia de un déficit sanitario importante en España que está estrangulando a los proveedores y que pone en peligro la calidad de la asistencia sanitaria pública. El tamaño de este déficit es tal que resulta imposible de sanear únicamente a través de mejoras de la eficiencia a corto plazo. No obstante, no solo resulta absolutamente imprescindible mejorar la financiación sanitaria a corto plazo sino también abordar las bolsas de ineficiencia del gasto público (sanitario y no sanitario).

El déficit acumulado de la sanidad se estima en 15.000 M€ y la deuda de los servicios de salud con suministradores es cada vez mayor (más de 4.600 millones de euros por suministros farmacéuticos en 2010).

La cruda realidad es que, a pesar de la ley de morosidad de 6 de julio de 2010, que determina un plazo máximo de 60 días, las comunidades mantienen una muy importante deuda con las empresas suministradoras de bienes y servicios, especialmente las farmacéuticas y las de tecnología y productos sanitarios. Según un reciente estudio de Fenin, algunas Comunidades como Andalucía, Valencia, Baleares, Castilla y León y Murcia están pagando a bastante más de 500 días, que en el caso de Cantabria se sitúa en 666 días. Estos plazos de pago tan dilatados sin embargo no se producen en otras compras públicas de otros sectores no sanitarios.

Pero lo cierto es que existe una deuda reconocida muy importante y que hay una deuda pendiente de aflorar. No contabilizada. Lo cierto es que se está destruyendo tejido industrial, se está generando desempleo y se está propiciando un progresivo deterioro de la calidad asistencial.

Existe, por tanto, un problema real de insuficiencia presupuestaria de la sanidad pública que hace peligrar su propia viabilidad y la de sus principales proveedores y, aunque es preciso analizar posibles fuentes adicionales de ahorro, es difícil mantener las actuales prestaciones y su nivel de calidad sin aportar recursos adicionales.

El dinero disponible es el que es y no nos ponemos endeudar más. Además hay que ir pagando la deuda y sus intereses. Las únicas opciones a corto plazo son o aumentar la financiación o disminuir el gasto de manera drástica. Dada la depresión de nuestra economía, aumentar la financiación solo puede hacerse a base de destinar dinero, inicialmente dedicado a otras partidas (Administraciones Públicas, ayuda exterior, cultura, defensa, etc.) porque ahorrarlas de Educación o Pensiones no parece lo más conveniente. No hay más. Aumentar los impuestos es malo pues frenaría más el resurgimiento de nuestra economía y implantar un copago por acto médico sería injusto y perjudicial para la calidad de las prestaciones.

Por ello creo que lo único que podemos hacer es apretarnos el cinturón, acoplar el gasto a las disponibilidades presupuestaria que tenemos (lo que indudablemente repercutirá sobre el nivel de calidad y alargará las listas de espera), revisar las prestaciones y aguantar mientras se ponen en marcha acciones y políticas para posibilitar el crecimiento de nuestra economía que nos permita financiar los servicios de salud que deseamos. Esta es la realidad de los que podemos y debemos hacer y no hay otra. Y tomando estas medidas de manera que perjudiquen lo mínimo posible a nuestro tejido empresarial sanitario y farmacéutico, cuya sostenibilidad, crecimiento y capacidad exportadora debe ser uno de los elementos de la solución y que no es el problema.

En todo caso, el Modelo actual de funcionamiento de la Sanidad en España, a pesar de su excelencia, no garantiza la eficiencia, ni la calidad, ni la equidad, ni la accesibilidad, ni es sostenible con la financiación actual que, con las expectativas de crecimiento de nuestra economía, no va a poder crecer, antes al contrario, lo más previsible es que disminuya. Así que hay que aplicar el ingenio y cambiar el Modelo. Quitarse de encima ideologías, dogmatismos y prejuicios y razonar para poder conseguir un modelo sanitario más integrado, más eficiente, más competitivo, equitativo y de calidad y que pueda ser financieramente sostenible y, sobre todo, que nopermita el endeudamiento del Estado.

De cara al futuro, el discurso habitual está equivocado pues ponemos en el Centro al SNS, como expresión del sistema de  producción pública de los servicios asistenciales, y a quien tenemos que poner en el centro es al ciudadano. Es el ciudadano el objeto de atención y es responsabilidad de la Administración Pública conseguir el máximo beneficio para los ciudadanos.

Lo que el Estado debe asegurar es la financiación de las prestaciones en Salud a las que el ciudadano tiene derecho de acuerdo con el grado de desarrollo económico y social de nuestro país. Lo que el Estado tiene que hacer es emplear los recursos, recaudados a los ciudadanos mediante impuestos, de la manera más eficiente y más eficaz, para que el ciudadano reciba las mejores prestaciones y con la mejor calidad posible y no aferrarse a una producción pública y funcionarial de los servicios sanitarios.