Las medidas tomadas hasta ahora por el gobierno de Rajoy son medidas que en gran parte destruyen el tejido empresarial. Estas medidas fueron iniciadas por el gobierno de Zapatero de su segunda legislatura y ha sido continuadas por este gobierno en la misma línea. Por ello estas medidas deberían ir acompañadas de otras que faciliten el desarrollo y la sostenibilidad de nuestra economía.

Las medidas deberían haber ido desde el principio dirigidas a la minoración del gasto público no productivo, es decir, deducción del aparato burocrático del Estado, de sus estructuras autonómicas, del elevado número de funcionarios de baja cualificación, del elevado número de cargos políticos, y de las excesivas prebendas de los políticos, al igual que a la liberalización o supresión de las innumerables empresas y fundaciones públicas, en su mayoría creadas para evadir el control del gasto público y dar así más manga ancha a los decisores políticos en la ejecución del gasto.

También se debería haber promovido la liberalización del mercado de servicios sociales tales como la sanidad, la educación y la asistencia social, lo que optimizaría de una manera muy relevante (como mínimo en un 25%) el coste de estos servicios y habría puesto tope a su capacidad de endeudamiento. Las medidas de contención de gasto y los impagos han proporcionado mucho sufrimiento a pequeños empresarios y han cuestionado las inversiones y favorecido la deslocalización de empresas, fábricas y centros de investigación.

Sin embargo, las medidas hasta ahora adoptadas han ido dirigidas a estrujar al ciudadano y a las empresas, especialmente a las Pymes. Exprimiendo a las empresas y a los ciudadanos no se va a conseguir la sostenibilidad de la Administración Pública sino destruir la «gallina de los huevos de oro», es decir, la capacidad de consumir, producir y exportar de la economía real. Solo el incremento de la actividad de la economía real puede garantizar el mantenimiento de la Administración Pública y de las prestaciones sociales del llamado «Estado de Bienestar». La Sociedad del Bienestar solo puede existir en la medida en que dicha sociedad sea capaz de generar riqueza y, por tanto, empleo.

Aumentar impuestos es como si un empresario quisiera compensar el descenso de los ingresos debido la disminución de clientes aumentando los precios. Solo conseguiría tener cada vez menos clientes y, por tanto, menos ingresos. Y menos si encima los acosa y los insulta por no comprar. Lo que debería hacer es cuidar a los clientes, bajar los precios, mejorar la calidad, ajustar su estructura y ser más eficiente en sus costes con el fin de mantener la sostenibilidad económica de la empresa.

El gobierno debería seguir este modelo. Sin embargo las acciones que ha emprendido han sido aumentar el IRPF,  aumentar los pagos a cuenta del impuesto de sociedades y aumentar el impuesto sobre el valor añadido (IVA), subido primero por Zapatero y ahora de manera considerable por Rajoy.

Se ha incrementado la inspección dirigida sobre todo a los pequeños y medianos empresarios; cada vez hay más requisitos de información contable y fiscal de las Pymes suponiendo un incremento en labores burocráticas y por tanto en el coste de su gestión. Recientemente se ha duplicado el plazo de revisión fiscal que pasa de 5 a 10 años, con la consiguiente carga administrativa e incertidumbre que supone para las empresas, y se ha aumentando de manera desproporcionada el recargo por retrasos por parte de los empresarios en el pago de las cuotas de la Seguridad Social.

También ha habido un progresivo aumento de la presión de la SS a las empresas, que sobre todo afecta mas gravemente a las Pymes, en relación al cobro de las cuotas atrasadas, llegando al embargo de la maquinaria de las empresas morosas, aun estando en funcionamiento y con empleados contratados, lo que supone destrucción definitiva de las mismas y que los trabajados vayan directamente al paro. Mientras tanto los grandes deudores de la SS son las mismas Administraciones Públicas y, curiosamente, los clubes de futbol, a los que se conceden todo tipo de convenios y aplazamientos. Y mientras tanto los empresarios tuvieron que sufrir las enormes demoras en los cobros de sus facturas a las administraciones públicas y siguen adelantando el IVA sin haber cobrado antes las facturas.

En lo que se refiere a la presión sobre el ciudadano, se aumentó el impuesto sobre la renta de las personas físicas y se procedió a la congelación, para después bajar, tanto por Zapatero como por Rajoy, el sueldo de los funcionarios y la eliminación de la paga extra de Navidad), abarcando también a los profesionales sanitarios y al profesorado.

Y qué decir del incremento desaforado en los últimos años de la imposición de multas de tráfico totalmente desproporcionadas a los ciudadanos, únicamente con afán recaudatorio, tratando de compensar así la disminución de la recaudación de impuestos.

Los ciudadanos, los españoles, son los que hasta ahora han tenido que sufrir, no solo la crisis económica, sino los ajustes adoptados por los gobiernos de Zapatero y Rajoy.

Pero el paro es el mayor proceso de ajuste impuesto al ciudadano español que tiene que enfrentarse en el mercado laboral a la competencia  de una inmigración descontrolada.

En lo que se refiere a prestaciones sociales ya Zapatero procedió a la eliminación del cheque bebé, recortó las asignaciones para la dependencia, congeló las pensiones, eliminó la famosa deducción de 400 euros del IRPF y congeló las pensiones. La congelación salarial, la disminución del subsidio de desempleo, el aumento de la edad de jubilación, la supresión de la deducción por vivienda, los recortes en sanidad, el aumento del copago farmacéutico, etc. son aspectos que con mayor o menor fundamento soportan los ciudadanos. Ciudadanos que son tratados por los políticos gobernantes como presuntos delincuentes (¡porque te vamos a pillar!, recuerdan…) o ahora con expresiones cada viernes en que nos tildan de listos, presuntos defraudadores, etc.)

Y lo que las autoridades tienen que darse cuenta es que es el ciudadano el que se siente defraudado. Que ha sido el oscurantismo del sistema financiero, la perversión de las Cajas de Ahorro sometidas al poder político de turno, la falta de rigor del Banco de España, la irresponsabilidad de los bancos en la concesión de hipotecas al sector inmobiliario, el cortoplacismo de acciones irresponsables de los gobiernos y parlamentos, orientadas al voto, y el desenfrenado incremento del gasto público y, sobre todo, el aumento incontrolado del déficit público ante la falta de previsibilidad de unos ingresos en creciente disminución, son los que han dado al traste con nuestra economía y nos han llevado a la situación actual. Y esto aderezado con graves casos de corrupción, algunos perseguidos y otros no, que claman al cielo por el descaro con que se enfrentan, como es el caso de los ERE andaluces.

Creo que el desencanto crece rápidamente; que se está acabando el tiempo; que es necesario un cambio importante en la actitud de este gobierno; que es necesario que los ciudadanos perciban que alguien los defiende, los entiende y sabe cómo hacerlo; que vean que nos dirigen personas capaces, independientes, con sentido de austeridad y con experiencia y conocimiento, sin deudas respecto a sus compañeros de partido y con capacidad de liderar una transformación de nuestra economía y de nuestra sociedad recuperando las libertades individuales, la seguridad jurídica, la justicia social y los valores morales sobre los que fundamentar el crecimiento económco y el afianzamiento y desarrollo de nuestra cultura.