La Seguridad Social

El proceso de instauración de la seguridad social en España se inicia con la creación del Instituto Nacional de Previsión (INP) en 1908 a la aparición del Seguro Obligatorio de Enfermedad entre 1942 y 1947. El INP se encargó en 1957 de la elaboración del denominado Plan Nacional de Seguridad Social, origen de la Ley de Bases de la Seguridad Social, aprobada el 28 de diciembre de 1963, que entró en vigor el 1 de enero de 1967, momento en el que legalmente aparece en España un sistema armónico de Seguridad Social.

Con la Ley General de Sanidad, aprobada en 1986 se crea el SNS que no sustituyó a la Seguridad Social, sino que se superpuso a ella pero desvinculando su financiación a la Seguridad Social y la afectando el coste de la sanidad a los Presupuestos Generales del Estado. Sin embargo esta Ley no se desarrolló y el vigente reglamento es el de la Seguridad Social, por lo que la prestación
sanitaria sigue adherida a la condición de cotizante como trabajador a la SS. El SNS sigue siendo la ASSS[1]. Las consecuencias son que los parados sin subsidio no tienen acceso a la tarjeta sanitaria, los profesionales que cotizan a Mutuas propias tampoco lo tienen como, en general, los no cotizantes. Lo cual es un contrasentido porque todos sí que pagan sus impuestos. Sin embargo los inmigrantes, aún sin papeles, sólo con empadronarse en un municipio, y los que certifican situación de pobreza si tienen acceso a una tarjeta sanitaria.

En lo que se refiere a la cobertura de las pensiones, existen las pensiones no contributivas para que la seguridad social alcance a todos los estratos de la población, que se financian a través de aportaciones de los Presupuestos Generales del Estado al de la Seguridad Social.

Las pensiones de los jubilados de hoy se financian con las aportaciones de los trabajadores de hoy, contrariamente a los que muchas personas piensan que las pensiones de los jubilados de hoy se financian con las cantidades aportadas en sus años de activo más las rentas generadas por esas aportaciones, lo que no es cierto.

De más de 4 personas en edad de trabajar hoy por cada persona en edad de jubilación, se pasará a 1,6 en menos de 40 años (en realidad hay menos de 2,5 activos por jubilado) lo que generaría un déficit que lo haría insostenible por lo que las pensiones tendrán que reducirse en un 40%. En 15 o 20 años tendremos 1,5 activos por jubilado por lo que necesitaríamos 2/3 del sueldo para poder pagar el 100% de la pensión igual al salario medio. Finalmente, la esperanza de vida al cumplir 65 años se sitúa hoy en más de 20 años por lo que, es su opinión, parece razonable que la edad de jubilación pueda alargarse voluntariamente
cuando la vida útil se alarga.

Suicidio demográfico

Sin querer ser alarmista pero atendiendo a la realidad de los hechos, Para alertó sobre la bajísima Tasa de natalidad por mujer que se sitúa entre 1,1 y 1,4 hijos por mujer desde hace 25 años, cuando el relevo generacional se asegura con 2,1. Y que, entre otras cosas, ha provocado una disminución del rango de edades más productivas (25-40 años)

Este hecho, junto con el alargamiento de la vida (la esperanza de vida al nacer es de 82 años. 78 en hombres y 84 en mujeres (de las más altas del mundo) ha provocado una evolución de la edad media de los españoles que ha pasado de 33 años en 1975 a 42 años ahora (en Orense 50 años). En 1973 había 2,5 menores por mayor de 60 años y ahora hay menos de uno.

Las consecuencias de la baja natalidad y alargamiento de la vida son menor crecimiento económico, menos consumo e iniciativas empresariales, un gasto creciente en pensiones y la depreciación generalizada de activos y propiedades.

Explicando lo que ha pasado entre 1970 y 2010, hemos pasado de 34 a 46 millones de españoles, de 12,5 a 22,2 millones de trabajadores, de 3 a 7,9 millones de pensionistas y de 4,2 activos por pensionista a 2,8; y, si empleamos personas ocupadas en vez de personas activas, las cifras empeoran muchísimo al considerar que hay casi 5 millones de parados que no solo no aportan recursos sino que los detraen.

En cuanto a lo que puede pasar en el futuro, siguiendo las proyecciones INE para 2048, la esperanza de vida se situaría en 84 años para hombres y 90 para mujeres con un índice de fertilidad de 1,7 hijos. La población se situaría en 48 millones de habitantes, suponiendo un incremento de 2,6 millones de inmigrantes, lo que significa una disminución de la población  española que se situaría por debajo de los 40 millones y con una población inmigrante de 8,6 millones. En cuanto a la relación de activos por pensionista se situaría en 1,47 con 22 millones de trabajadores y 15 millones de pensionistas. El gasto en pensiones pasaría del 9% del PIB en 2010 al 18% en 2050[2]

Quien piense que esta necesidad demográfica se puede sustituir por la inmigración, se equivoca. La inmigración solo puede venir de países subdesarrollados, con escasa o nula formación y sin capacidad de aportar riqueza sustancial al país. Además la inmigración no es definitiva ni estable  y saca recursos con las remesas enviadas a sus países de origen. La opción es que se realizara una inmigración selectiva de aquellos capaces de aportar mayor valor añadido, lo que en principio es difícil ya que otros estados en situación similar a la nuestra competirán por atraerlos; pero además es injusta la detracción de esos países de origen de su escasa población prepara y cualificada.

Alternativas

Las alternativas no son otras que gastar menos o ingresar más. Gastar habrá que gastar lo que se pueda, no más, si no queremos provocar la ruina. Ingresar no es posible aumentando impuestos porque lo mismo ocurrirá. Las soluciones solo pasan por
generar más riqueza, ser más productivos y, FUNDAMENTAL, cambiar la tendencia demográfica mejorando significativamente la natalidad incentivando y ayudando a las madres y a las familias en el engendramiento, cuidado y formación de los
hijos, futuros contribuyentes que posibilitarán la sociedad de bienestar ansiada. Entre las muchas medidas justas que se deberían tomar estarían que vote cualquier nacido a través de sus representantes legales o que los jubilados vieran mejorada su
pensión en función del número de hijos que como contribuyentes están pagando las pensiones de todos. Sería un reconocimiento al esfuerzo desarrollado en criar y educar a los futuros cotizantes.

Es necesario pasar del Estado de Bienestar a la Sociedad de Bienestar, es decir, de la cultura de dependencia del Estado a la cultura de la iniciativa y emprendeduría que promueva la creación de riqueza ya que el bienestar de un pueblo depende de su riqueza espiritual, económica y cultural.

Se debe ayudar al necesitado mientras lo necesite y erradicar la indigencia y la marginación social, pero que en nuestro “Estado del Bienestar” se actúa para la consecución de votos y no para la justicia social. Ofrecen pisos, subvenciones, donaciones a colectivos que no lo necesitan con el fin de ganarse votos mientras quienes lo necesitan carecen de lo necesario para una vida digna.

[1] Ver: La universalización de la atención sanitaria. Sistema Nacional de Salud y seguridad Social. Francisco Sevilla. Documento de trabajo 86/2006. Fundación Alternativas