Hay que ver lo que esta palabrita ha dado de sí, sobre todos como herramienta de confrontación política en el debate electoral recientemente acontecido.

Pero vamos a analizar un poco qué es el Copago. Copago en participar de manera parcial en el pago de una cosa.  En el caso de los servicios públicos, que se financian con cargo a los presupuestos de los Ayuntamientos, Comunidades Autónomas o el Estado, hay un uso desde siempre del copago. Así pues pagamos los billetes del Metro o de los autobuses que representan solo una parte relativamente baja de su coste.

En el caso de la Sanidad también llevamos muchísimos años practicando el copago. Por ejemplo pagamos a parte los servicios sanitarios derivados de accidentes de tráfico y de los derivados de accidentes o enfermedades laborales.

Los medicamentos también están sujetos a copago para los productos farmacéuticos, pero sólo para los dispensados en las Oficinas de Farmacia, quedando exentos de este pago los jubilados y teniendo un tratamiento reducido de copago para los crónicos. Sin embargo no están exentos los Jubilados del ejército (ISFAS) ni los de las Mutuas de Funcionarios del Estado y de los Jueces.

También un 20% de los ciudadanos practican un copago al asegurar libremente los servicios sanitarios con aseguradoras privadas, aunque en estos casos reciben servicios adicionales o alternativos.

El copago por acto médico (que es el que principalmente se discute) es una manera simplista y desacertada de enfocar tanto el problema de la falta de financiación como el de la contención del exceso de demanda. Su implantación en sistemas parecidos al nuestro no ha resultado eficaz ni eficiente. Su gestión administrativa y burocrática es ineficiente, llegando a costar mucho más que lo recaudado. Además, como toda solución simplista es injusto y puede provocara que personas que deberían ir al médico no fueran, con los consiguientes problemas de salud, su impacto negativo en la productividad y el desarrollo de enfermedades agudas de gran coste de tratamiento, que podrían haberse evitado.

En cuanto a las posibles funciones de contención y, sobre todo, de ordenación de la demanda existen alternativas más lógicas y razonables. Estas consisten en reforzar  la formación, autoridad y participación en la gestión de los médicos de cabecera lo de familia. Dar el verdadero valor a su capacidad y responsabilizar de trabajar de manera proactiva con su población asignada para promover la salud, prevenir las enfermedades, diagnosticarlas y acompañar a sus pacientes en cualquier enfermedad que le acontezca. Es el Médico de Familia el que debe de gestionar la demanda aplicando técnicas de gestión que disuadan del abuso o del mal uso del sistema por los pacientes. Es el que se tiene que preocupar de que los que tengan que ir al médico vayan y los que no tengan que ir no vayan. También existe una demanda sobrecargada a causa de procesos ineficientes de atención y exceso de burocracia. Numerosas visitas provocadas únicamente para la obtención de recetas de los crónicos y trámites administrativos.

Pero lo más importante es acomodar nuestros servicios a los niveles económicos del país y su capacidad de financiarlos. Cuando escasea el dinero, lo lógico en priorizar nuestros gastos renunciando a los superfluos o no necesarios de manera que podamos garantizar aquellos que son necesarios.

Por ello es necesario priorizar las prestaciones necesarias sobre las superfluas. Tenemos un Sistema Sanitario razonablemente bueno; de los mejores de los países de nuestro entorno, pero ya lacerado por listas de espera cada  vez mayores, y dificultades de abastecimiento a causa de la deuda, que cada vez serán mayores. Si no somos capaces de priorizar las prestaciones y las fuerzas sociales se conciencian que es la única posibilidad de mantener el grado de excelencia de nuestro sistema sanitario, acabaremos convirtiéndolo en un sistema de beneficencia al que acudirán solo aquellos que no pueden financiarse un seguro sanitario privado.

El Estado ha de garantizar una sanidad universal y de la máxima calidad médica. Fuera de esta consideración están otros aspectos que no son imprescindibles para una buena sanidad y que se mueven en el entorno de las patologías menores, servicios sanitarios no necesarios para la salud y elementos de confortabilidad.

Desde el punto de vista del gasto farmacéutico podría contemplarse la salida de la financiación de medicamentos de bajo precio (menores de tres euros, por ejemplo) y otros medicamentos para patologías menores como en el caso de los medicamentos sin receta. Hoy en día el margen de estos medicamentos de bajo precio no compensa el gasto administrativo realizado por las Oficinas de Farmacia, Los Colegios y la propia Administración Pública. Además, al pagarla el ciudadano directamente en la farmacia, proporcionaría una mejora de la liquidez inmediata para paliar en parte la grave situación en que se encuentran por las demoras en el pago por parte de las Administraciones Sanitarias.

Una manera de poder conseguir mayores ingresos para los hospitales públicos podría ser estableciendo áreas de hospitalización de lujo y cobrando por este y otros servicios relacionados con la confortabilidad, lo que proporcionaría financiación adicional para poder mantener las áreas de hospitalización “públicas” con los niveles de calidad deseados. El que quiera mayor comodidad, servicios hoteleros y suelos abrillantados, como ahora el que quiera TV en su habitación, que la pague. Esto redundará en beneficios para los demás.

Otros planteamientos serían los referentes a las penalizaciones económicas a aquellos que realizan un mal uso u abuso del sistema, pero antes que plantea penalizaciones hay que establecer los procesos organizativos que lo eviten. A veces el uso inadecuado por los ciudadanos está condicionado por problemas organizativos del propio sistema sanitario.

(Publicado en la Gaceta el 3 de marzo de 2012)