El Estado Español está compuesto por los órganos constitucionales formados por la Corona, el Congreso de los Diputados, el Senado y el Gobierno de la Nación. El Gobierno, formado por la Presidencia, los Ministerios, las Secretarías de Estado y Subsecretarías. También son órganos constitucionales el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial.

Además están otros órganos del Estado como El Consejo de Estado, El Defensor del Pueblo, El Consejo Económico y Social u La Fiscalía General del Estado. Mas diecisiete Delegaciones del Gobierno, 51 Subdelegaciones del Gobierno y la Delegación del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración y siete Confederaciones Hidrográficas.

Entre agencias estatales, organismos autónomos, consorcios públicos, entidades empresariales, fundaciones y sociedades mercantiles, actualmente hay 2.447 entidades, un 78% más que hace diez años, según el último inventario de la Intervención General del Estado. De todas ellas,  477 son gestionadas por el Ejecutivo Central, con un crecimiento de un 43%.

La estructura del sistema autonómico y local está formada por 17 Parlamentos Regionales, 17 Gobiernos Regionales, 51 Diputaciones Provinciales y 57 Municipios Capitales de provincia.

Tenemos 14 TV públicas y 34 entidades de televisión pública. Además se han creado más de 1.970 entidades públicas de diverso carácter que están gestionadas por los Gobiernos Autonómicos, con un crecimiento de un 90% en los últimos diez años.

Dios mío, todo esto soportado por políticos, asesores, funcionarios y contratados laborales que necesitan edificios, oficinas, mobiliario, ordenadores, electricidad, calefacción, coches, transportes, etc., etc. Todos cobrando su sueldo y sus gastos de viaje y dietas; todos consumiendo libros, cursos, papelería, etc., etc.

Mientras tanto, más de cinco millones de parados. Y creciendo. Mientras tanto se suben los impuestos a los ciudadanos, se aumentan los copagos, se persiguen las bajas por incapacidad, se aumenta la presión sobre los ciudadanos, las multas de tráfico, etc. Se buscan ingresos sea como sea mientras se va destruyendo progresivamente nuestro sistema productivo. España se está desindustrializando y desagrarizando a marchas forzadas. ¡Que produzcan otros!, decíamos antes; y ahora resulta que no tenemos capacidad de comprar lo que otros producen.

Es muy importante una reforma urgente de nuestro sistema administrativo público y de nuestro sistema político también. No se puede presionar al ciudadano y a las pequeñas empresas con aumento de las obligaciones administrativas de las empresas, con aumento de la inspección de hacienda, con mayores controles sobre los pagos en efectivo, etc. mientras la Banca no se reestructure mediante procesos de ajuste y se articule la obligatoriedad de concesión de créditos para actividades industriales y agrícolas viables.

Es imprescindible que las medidas de recorte de los gastos públicos vengan acompañadas de medidas de impulso al desarrollo industrial y agrario y al desarrollo de nuestras exportaciones.

O se toman las medidas adecuadas para la reforma de nuestro hipertrofiado sistema político o no saldremos de la crisis. Es más, se irá acrecentando aceleradamente. La ciudadanía no entenderá porque se le piden sacrificios casi inasumibles mientras en la Administración Pública, en el Sistema Político sigue inmovible percibiendo que el Estado de Bienestar ha quedado reservado sólo para la clase política y dominante.