Ante la futura reglamentación preparada por el Ministerio de Economía e Innovacion que afectará a las Oficinas de Farmacia, deseo expresar mi opinión respecto a este asunto.

La actividad de los farmacéuticos que desarrollan su profesión en una Oficina de Farmacia es una actividad profesional, no industrial. El farmacéutico es un agente sanitario más de los que intervienen en la prevención, cuidado y curación de las enfermedades y en la promoción de la salud.

Por ese motivo creo que las Oficinas de Farmacia deben ser propiedad de farmacéuticos y no de otras personas no profesionales. En este sentido estoy totalmente de acuerdo con el modelo farmacéutico español. La creación de grandes propietarios de cadenas de farmacias sería muy negativo para nuestro sistema sanitario.

Esto no es óbice para que defendamos la libertad de apertura de oficinas de farmacia por cualquier farmacéutico que posea la cualificación exigida por las autoridades sanitarias. Claro que esta liberalización debería ir acompañada de otras medidas para que no perjudique a los farmacéuticos que tuvieron que pagar importantes sumas de dinero para hacerse con una farmacia bien mediante un traspaso o mediante otros medios. Una idea es que las nuevas oficinas pagaran al Colegio de Farmacéuticos una cantidad estipulada que fuera a un fondo de compensación para compensar a aquellas farmacias que resultarán perjudicadas.

Con esta medida se introduciría un elemento de competitividad que induciría a la innovación y mejora de la calidad del servicio de dispensación y consejo farmacéutico.

Con lo que estamos en desacuerdo es con la potestad de la Administración pública como autoridad determinante de donde ha de haber farmacias y donde no. Si la Administración Pública deseara que se mantuvieran o crearan Oficinas de Farmacia en localidades que no fueran rentables, en ese caso debería establecer incentivos y retribuciones que lo hicieran atractivo.

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