Como están la mayoría de los estamentos de nuestra sociedad, gran parte de la judicatura está muy politizada. Hay asociaciones de jueces, como por ejemplo “Jueces para la Democracia” que no responden a intereses de la profesión o de la justicia, sino a motivaciones políticas. El problema es que se ha propiciado la entrada de personas en la judicatura apoyados por organizaciones políticas. Hay bastantes jueces políticos, más que politizados. Y está claro que muchas decisiones judiciales están motivadas o sometidas a intereses políticos, sobre todo cuando esas decisiones atañen a causas en las que están involucrados otros políticos o atentan contra o benefician al ideario o los intereses de los partidos políticos respectivos. En general, muchos jueces defienden que son ciudadanos como los demás y no quieren ver limitados sus derechos como tales. Y así defienden poder salir de la judicatura para entrar en política y poder volver a ella cuando les plazca.

Pero los jueces no son como un ciudadano cualquiera. Los jueces tienen otorgado por el pueblo soberano el ejercicio de un poder que permite obligar a otros ciudadanos a cumplir sus dictámenes, ordenar su detención, la limitación de su libertad, su ingreso en prisión, el pago de multas, etc. Y el ejercicio de ese poder forzosamente tiene que conllevar la limitación de algunas de sus libertades, de algunos de sus derechos, mientras ostente este poder.

Pero ¿Cómo evitar el uso de la justicia para intereses políticos? ¿Cómo evitar que fiscales y jueces tomen decisiones procesales en función de sus ideas e intereses políticos? ¿Cómo evitar que prevariquen? Principalmente, persiguiendo por el propio poder judicial la prevaricación en sus actuaciones cuando haya una duda razonable de ello. Pero también deberían adoptarse medidas generales que eviten que políticos u organizaciones políticas actúen por sí mismos o por intermediarios como acusación particular a otros políticos u organizaciones políticas. Pero también, limitando la reincorporación a la vida judicial de un juez después de su paso por la política y legislando para que ningún juez o fiscal que haya desarrollado o desarrolle actividades políticas pueda formar parte de ninguna instrucción o proceso judicial contra un político u organización política.

Algo habrá que hacer pues la política está cada vez más judicializada y la judicatura más politizada.

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