En Estado de derecho es aquél en el que existe una seguridad jurídica, es decir, que las leyes se conocen, se desarrollan y se cumplen por las estructuras políticas y administrativas del mismo, y se hacen cumplir a todos los ciudadanos y entidades jurídicas del Estado, sean están públicas o privadas.

Un Estado de derecho es aquél en el que las leyes que se aprueban por el Parlamento, se desarrollan mediante los correspondientes reglamentos y por las órdenes ministeriales para su aplicación. Tanto en el ámbito estatal como en el autonómico, o de la estructura político administrativa de un país.

En España hay leyes tan importantes como la Ley General de Sanidad y las leyes de Cohesión y Calidad y de Autonomía del Paciente, que no se han desarrollado y, por tanto no se han cumplido algunas de las disposiciones contenidas en las mismas, persistiendo normativas como el reglamento de la Seguridad Social, en clara contradicción con el contenido de la Ley General de Sanidad de abril del 86.

Pero, además, para que efectivamente se pueda garantizar el derecho en el cumplimiento de las leyes, en la medida que existe un exceso de proliferación legislativa, disminuye la calidad del Estado de Derecho y somete a las personas físicas y jurídicas a una mayor inseguridad jurídica. Hoy por hoy, la proliferación legislativa de los parlamentos autonómicos es tal que hay un verdadero galimatías legal difícil de afrontar y que atenta contra la igualdad y la cohesión social entre los españoles residentes en los diversos territorios. No parece de recibo que cada Comunidad Autónoma promulgue una ley diferente sobre derechos y deberes de los ciudadanos a la protección de la salud, por ejemplo.

Pero lo más grave es que las leyes no se cumplan por parte de los poderes públicos. Es el caso por ejemplo de la educación, de los símbolos nacionales, de la apología del terrorismo, etc. Hay una dejación, un laissez faire, laissez passer, un “hacer la vista gorda”, que no puede traer (y está trayendo ya) más que males. Y, para rematar las cosas, las leyes no se hacen cumplir. Esta es una de las consecuencias de la mala situación del “Estado de las Autonomías”.

El problema es que en general hay una cierta dejación por los poderes públicos en hacer cumplir las leyes, tanto a administraciones públicas como a particulares. Manifestaciones violentas, amenazas psíquicas y físicas, pasan impunes ante la justicia. Violencia en las calles, violencia en los centros educativos, asalto y ocupación de la propiedad pública o privada, etcétera.

La politización de la justicia no se debe solo a la participación de los partidos a través del parlamento en el nombramiento del Poder Judicial o el tribunal Constitucional, si no a que hay jueces que están politizados y, a mi entender, prevarican cuando, al actuar o sentenciar, tienen en cuenta situaciones de orden ideológico o político. Como por ejemplo retrasar una comparecencia de políticos a causa de unas elecciones.

Nuestra situación política, económica y social no es comparable pero lo que pasó con los gobiernos socialistas y nacionalistas de la segunda república fue una progresiva dejación del estado de derecho de manera que la anarquía llegó a reinar por doquier hasta levantarse contra el propio gobierno que los protegía. No queremos que esto vuelva a suceder en España.

Un sistema democrático de libertades como el que queremos para España, tiene que ser un sistema fuerte, con una legislación clara y sencilla y con los resortes necesarios para la defensa de esas libertades. Sean bien venidas las acciones que en este sentido están adoptando partidos como el Partido Popular o Ciudadanos.