Para poder garantizar una asistencia eficiente y de calidad, es necesario que los sistemas de información sobre los que se apoya el desarrollo de la asistencia sanitaria sean interoperables de manera que la información sea legible y tratable por los diferentes sistemas con los que operan los profesionales de la salud.

Esta interoperabilidad debe ser operativa entre los diferentes sistemas del Hospital, como son los sistemas de gestión de pacientes, la historia clínica, farmacia, urgencias, cuidados intensivos, quirófanos, oncología, radiología, laboratorio, farmacia,
etc., es decir, entre todos los sistemas, bien sean logísticos, de diagnóstico o terapéuticos. Fuera del Hospital, es necesario que esté garantizada entre los diferentes centros públicos o privados de un área de salud (hospitales, centros de especialidades, ambulatorios y centros de Primaria). Es necesaria entre los Centros de cada Servicio Regional de Salud de las Comunidades Autónomas y entre los diferentes Servicios de Salud del Estado Español y de estos con Europa.

Para que la interoperabilidad sea posible es condición primordial que se establezcan criterios de normalización y equivalencia entre los datos de manera que estos datos queden identificados y puedan ser tratados de manera automática por los diferentes sistemas. La interoperabilidad no consiste en que se envíen informes y documentos entre los sistemas entre sí, sino que los datos generados en un  sistema puedan ser tratados por los otros y manejados de manera fiable por los profesionales que operan con los diferentes sistemas.

Esta es la primera acción que debe emprender el Sistema Nacional de Salud para garantizar la interoperabilidad. Los proyectos liderados desde la Agencia de Calidad del Sistema Nacional por Instituto de Información Sanitaria, como el estudio para la implantación de la Historia Digital del SNS y el nodo e identificador único del Ministerio, son valiosos y muy de agradecer y suponen un gran paso hacia la interoperabilidad; pero es necesario que el Ministerio lidere con el Consejo Interterritorial proyectos normativos de normalización de datos y estándares clínicos, administrativos y económicos, al igual que se han
hecho en otros países, que permitan la implantación efectiva de la interoperabilidad.

Una referencia de normativa podría ser la promulgación por el Congreso estadounidense en 1996 del Acta Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA). El título II de HIPAA, conocido como de la Simplificación Administrativa, requiere el establecimiento de estándares nacionales para las transacciones electrónicas de salud e identificadores nacionales para los Hospitales y Centros Asistenciales, Aseguradoras de Salud y profesionales sanitarios.

Como referencia administrativa de impulso de la interoperabilidad de los datos de salud podemos citar la creación, también en Estados Unidos, de la Healthcare Information Technology Standards con la misión de servir para la cooperación entre los sectores público y privado con el objetivo de alcanzar un juego útil de normas extensamente y expresamente aceptado para permitir y apoyar la interoperabilidad entre aplicaciones de software de atención de salud, y cómo estos sistemas  actuarán recíprocamente en una red de información de salud local, regional y nacional.

La interoperabilidad permitirá que cada Servicio de Salud, cada Hospital, incluso cada Servicio, pueda tener su propio sistema de información, no obligando a que todos tengan el mismo para que sean interoperables. De esta manera, cada Centro puede tener sus propias iniciativas, sus propios sistemas que pueden marcar su aspecto diferencial de calidad frente a otros, sin que la imposición de un sistema igualitario cercene su capacidad de innovación y desarrollo.

Desde el punto de vista tecnológico, la adopción de estándares como open XML y Hl7 permiten que esta interoperabilidad vaya siendo cada vez más una realidad.

Por ello es necesario aclarar que ni Software Libre ni Software Comercial quieren decir interoperable. Los sistemas son o nos son interoperables independientemente de si son desarrollados con software libre o no. Por ello es importante apaciguar los debates en torno a las opciones Software Libre versus Software Comercial, en beneficio fundamentalmente de los usuarios.

Por ello creo que es necesario que se mantengan  entornos en el que todos los modelos de software coexistan, compitan y cooperen dando el máximo valor posible para los ciudadanos y las Administraciones Públicas, resultando esta ser la aproximación más coherente.

Sólo en ese entorno de libertad de elección y neutralidad tecnológica serán los ciudadanos y las Administraciones Públicas capaces de escoger, de entre todas las opciones disponibles, la solución de software o tecnológica que mejor se adapte a sus necesidades. En este entorno, las Administraciones Públicas pueden elegir en cada caso la solución que más valor aporte. Sin que haya una discriminación o un mandato a favor de una tecnología, un modelo de licencia o una forma de desarrollo sobre las otras.

El modelo que han adoptado las economías más avanzadas de Europa, como es el caso de los países nórdicos, se basa en la aplicación del principio de la no discriminación. Lo importante es que los requisitos de funcionalidad, interoperabilidad, rendimiento, amigabilidad y facilidad de uso, etc., se cumplan, independientemente de la tecnología usada. De esta manera, los
ciudadanos, las empresas y las instituciones eligen libremente la opción que consideran mejor en cada momento. Las claves para combatir la brecha digital, y facilitar el acceso a las tecnologías más avanzadas, están en la facilidad de uso de un determinado software y en generar un entorno en que el usuario tenga libertad de elección personal o corporativa.

En el mundo actual, en el que la inversión en I+D, la innovación, la competitividad y el crecimiento económico, son objetivos irrenunciables, se pone de manifiesto cada vez con más frecuencia el valor y la importancia del capital intelectual, como catalizador de estos aspectos tan importantes.

Coincidiendo con lo expuesto hace poco por un colega del sector farmacéutico y biotecnológico, en la Conferencia celebrada en Lisboa, con la colaboración de la Fundación Bamberg, sobre la sostenibilidad de los Sistemas Públicos de Salud,  he de reiterar que la propiedad intelectual cobra especial relevancia social, cultural y económica, en una sociedad como la nuestra, basada en el conocimiento y la innovación. El respeto a los derechos de la propiedad intelectual permite a los creadores de todo el mundo poner en marcha empresas locales, y a los gobiernos el aprovechamiento de los beneficios económicos obtenidos como resultado del soporte que se ofrece a la educación, investigación y al desarrollo de las nuevas tecnologías. La protección de la propiedad intelectual es fundamental para promover un entorno de innovación y desarrollo en la industria. Toda labor innovadora, como es el caso de la creación de software, debe ser premiada e incentivada y éste ha sido precisamente el motor del progreso en todos los campos, incluido el de las tecnologías de la información.

Para crear un entorno o ecosistema de innovación, cualquiera que sea el modelo de desarrollo de software, es necesario garantizar la libertad de elección de los ciudadanos, las empresas y la Administraciones Públicas, es necesario aplicar el principio de no discriminación y de libre mercado y, finalmente, es necesario proteger de manera adecuada la propiedad intelectual.

Finalizo diciendo que las decisiones de las Administraciones Públicas deben estar orientadas a la eficiencia del gasto y la efectividad del servicio a prestar, estando obligadas a buscar lo mejor para sus ciudadanos y para la sociedad en la que
viven, evitando impulsos fundamentalistas y promoviendo la libertad, la competitividad y la excelencia en un marco de independencia y objetividad.