El Estado tiene la obligación de sacar el máximo beneficio para los ciudadanos del dinero que aportan estos a través de los impuestos. El dinero que pagan los ciudadanos y las empresas españolas conforman los ingresos del Estado. Este dinero han de emplearlo en aportar a los ciudadanos servicios básicos como la defensa de la nación, la seguridad de los ciudadanos y sus bienes, la justicia y la defensa de nuestros intereses ante el resto de las naciones. También en servicios fundamentales como la educación y la salud de la población. Estos son los objetivos primordiales. Pero el objetivo supremo es garantizar la libertad de los españoles ante cualquier ataque interior o exterior.

Para ello la estructura administrativa debe ser la necesaria y suficiente. La Administración publica no debe ser un fin en si mismo sino un medio para aportar a los ciudadanos los servicios básicos.

No puede acometerse una política de empleo creando empleo publico ni una política de crecimiento económico realizando inversiones publicas. No se debe detraer de la economía real el dinero del que necesitan disponer los emprendedores, los empresarios, para crear riqueza y empleo. El intervencionismo del Estado, el uso de dinero publico para la creación de empleo y crecimiento económico es artificial, distorsiona los mercados y es fuente de corrupción. El Estado solo debe intervenír para garantizar las libertades. La producción de bienes y servicios directamente por el estado está demostrado que es muy ineficiente, desincentiva la innovación y es fuente de corrupción y nepotismo.

El tamaño de la Administración Pública debe ser a así necesariamente pequeño, ya que la producción de bienes y servicios se ha de realizar por el sector privado en un ambiente de competitividad lo que optimizará el precio, la calidad, la innovación y el desarrollo del tejido empresarial. De esta manera los costes que soportan los ciudadanos a través de sus impuestos serán los mínimos posibles al estar sujeta la producción a la competencia del mercado.

La Administración Pública debe para ello realizar las compras de bienes y servicios evitando la configuración de prácticas monopolísticas y especuladoras y promoviendo la competitividad y el tejido empresarial e industrial español.

Desde luego, en lo que no debe emplearse es en el mantenimiento de una organización política y administrativa hiperinflada, en subvenciones a partidos políticos, a sindicatos y demás organizaciones de todo tipo que o son capaces de sustentarse por si mismas o deben desaparecer al igual que los bancos y las empresas.

El Estado debe reducir inmediata y drásticamente su estructura política y administrativa, deshacerse de las empresas, fundaciones y organismos públicos, deducir drásticamente los cargos políticos y los emolumentos a políticos y parlamentarios excepto por los que puedan corresponder a trabajos efectivos.