Todos estamos de acuerdo en que el problema más grave en la situación actual de Crisis financiera y económica, es el de la financiación del modelo actual del Sistema Nacional de Salud. Reconocida la crisis tardíamente, con decisiones tardías, mediatizada por la política y el voto; con decisiones más volcadas en el gasto público (que son necesarias) que en mantener el tejido empresarial, reconvertirlo y general riqueza y empleo, la crisis está produciendo un colapso en la financiación de nuestro sistema de salud.

El déficit público, la insuficiencia de tesorería y el aumento de la Deuda, provocan decisiones de contención del gasto y de la inversión que se traducen en paro, destrucción de empresas y empobrecimiento.

La  deuda del SNS es de más de 12.000€ y sigue creciendo y este año es posible que se duplique. El Estado debe de acompasar las prestaciones y el gasto sanitario a las disponibilidades financieras a través de los Presupuestos Generales no pudiendo, en ningún caso, sobrepasar el gasto. El problema no solo estará en afrontar los gastos, que necesariamente se van a presentar, con un presupuesto insuficiente sino que además habrá que hacer frente a la deuda pasada y sus intereses.

Pero además de este problema de déficit estructural, agravado por esta coyuntura de tremenda crisis evidenciada en más de 4,7 millones de parados, hay otros problemas con los que hemos convivido durante más de veinte años si resolverlos y que también ahora hacen crisis. Aún cuando la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, establece en el artículo 1.2 el derecho a la asistencia sanitaria de «todos los españoles y los ciudadanos extranjeros que tengan establecida su residencia en el territorio nacional» y añade en el artículo 3.2 que «la asistencia sanitaria pública se extenderá a toda la población española» y que «el acceso y las prestaciones sanitarias se realizarán en condiciones de igualdad efectiva», lo primero que tenemos que decir que no contamos con un sistema universal. No están cubiertos todos los ciudadanos. Al menos no de la misma manera. Aun cuando el Real Decreto 1088/1989, de 8 de septiembre, extendió la asistencia sanitaria de la seguridad social a las personas sin recursos económicos suficientes configurándola como una prestación no contributiva, la citada Ley General de Sanidad (de hace casi
25 años) no se desarrolló reglamentariamente y sigue estando aún hoy vigente el antiguo Reglamento de la Seguridad Social. Así pues, si a un parado se le acaba el subsidio de desempleo, como deja de cotizar a la Seguridad Social, no tiene derecho a la tarjeta sanitaria y no puede ser atendido en un Centro de Salud a no ser que vaya por urgencias. Esto es una verdadera paradoja: cuando más protección necesita, se la quitan. Y por cierto, a los inmigrantes sin permiso de residencia, es decir, en situación ilegal, sí se les provee de una tarjeta sanitaria que, aunque especial, les permite ir a las consultas de los Centros de Salud. Lo cierto es que, hoy por hoy, si un no cotizante a la Seguridad Social o un parado al que se le ha acabado el subsidio acude al Instituto Nacional de la Seguridad Social a que le entreguen la tarjeta sanitaria europea, no se la dan.

A pesar de que la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, reafirma el principio de universalización de la asistencia sanitaria, el problema denunciado en el párrafo anterior no se ha resuelto.

Cataluña es la primera Comunidad que quiso desvincularse de la seguridad Social quitando el número de afiliación de sus tarjetas sanitarias y, recientemente publicando la Ley de la Comunidad Autónoma de Cataluña 21/2010, de 7 de julio, de acceso a la asistencia sanitaria de cobertura pública a cargo del Servicio Catalán de la Salud. En su disposición adicional primera expone que “El Servicio Catalán de la Salud debe entregar a domicilio … la tarjeta sanitaria individual sin que deban solicitarla previamente a los que se le haya “extinguido, de acuerdo con la normativa en materia de seguridad social, su derecho a la asistencia sanitaria, porque se encuentran en situación de desempleo o porque han puesto fin a su actividad profesional”.

Es urgente que este problema se resuelva en todo el territorio nacional, no solo en Cataluña. De todas formas queda sin resolverse el acceso a la Tarjeta Sanitaria Europea a ser su emisión competencia del Ministerio de Trabajo, no de la Generalidad de Cataluña.

Tampoco están resueltas las competencias en sanidad del Ministerio de Trabajo, el INSS y la Tesorería General de la Seguridad Social que en nuestra opinión deberían trasladarse al Ministerio de Sanidad, una vez que las prestaciones sanitarias no dependen de las aportaciones a la Seguridad Social sino de los presupuestos generales del Estado. Y un problema más: La propiedad del los Hospitales que eran de la Seguridad Social, siguen siendo de la Seguridad Social y su valor supone una garantía para el cobro de las pensiones. Si el estado los cediera ahora a las Comunidades Autónomas, se rompería la caja
única poniendo en peligro la sostenibilidad de la Seguridad Social.

Sin embargo ha habido una proliferación exagerada y no coordinada de legislación en las Comunidades Autónomas. ¿Cómo es posible que cada comunidad promulgue una ley distinta sobre los derechos y obligaciones de los ciudadanos a la salud? ¿Es que no se pueden poner de acuerdo para que la legislación sobre transporte sanitario, por ejemplo, sea igual en todas las CC. AA. para que no pasen disparates como que una ambulancia tenga que pararse en el límite de una Comunidad Autónoma para trasbordar al enfermo a otra ambulancia para llegar al hospital de destino? Raya en lo ridículo, aunque es lamentable. ¿Cómo es
posible que, por lo menos, no exista un grupo legislativo, al igual que hay otros, en el Consejo Interterritorial?

Pero tampoco están claras las competencias. Cada comunidad legisla a su antojo y hay un déficit de cohesión es entre las CCAA. El Ministerio se inhibe en casi todo lo que no sea proponer y aconsejar, excepto en el tema farmacéutico, de momento. Cada Comunidad asume más o menos competencias según le viene bien y trata de resolver sus problemas como puede.

Los Modelos de MUFACE (Administración Central), MUFAJU (Justicia) y ISFAS (Ejército) representan un elemento más de inequidad en referencia al copago en farmacia. Además, si un miembro del ISFAS quiere estar en la Seguridad Social, aunque esté jubilado sigue teniendo que hacer frente al copago en farmacia, Sin embargo el 87% de los funcionarios opta por la gestión
privada de la cobertura frente a la pública.

En España, según las cifras ofrecidas por UNESPA un 22% de la población española tiene contratado algún tipo de seguro de salud privado para cubrir sus necesidades sanitarias. Esto significa un ahorro del gasto de la sanidad pública ya que ésta tiene que atender a un 22% menos de población. En cierta manera es como si estas personas pagaran un impuesto adicional pues la parte impositiva que se dedica a sanidad no les afecta a ellos. Sin embargo hay una total falta de integración y coordinación con los Centros e Instituciones privadas que perjudica a todos. Si a un enfermo, pongamos por ejemplo oncológico, le están atendiendo en un centro privado con cargo a su aseguradora privada y, en el curso de su tratamiento, necesitara de un fármaco que por casualidad no estuviera cubierto por su seguro privado, pero que si esté cubierto por la Sanidad Pública, para poder acceder a este fármaco el paciente tiene que ir a primaria, de allí al especialista y seguir así el camino hacia arriba hasta que le prescriban el tratamiento, con el consiguiente gasto burocrático y de atención, y el consiguiente perjuicio (que puede ser grave)
para el paciente; cuando lo más sencillo es que se hubieran definido protocolos de colaboración entre los hospitales públicos y privados o, mejor, que se reconozca la prescripción del médico (en este caso oncólogo) que tiene las mismas cualificaciones y responsabilidades profesionales que el público.

No existe equidad y accesibilidad. Y no existe equidad y accesibilidad en las mismas condiciones porque no todos los centros ni todos los médicos son iguales, ni desarrollan las mismas terapias ni cuentan con las mismas tecnologías diagnósticas y terapéuticas. Y a cada ciudadano le toca un Centro, según dónde viva. Y no puede elegir otro que más le convenga. Mientras no haya transparencia en las actividades y resultados en salud de los Centros y sus médicos y mientras el ciudadano no pueda elegir libremente no podemos garantizar plenamente la equidad ni la accesibilidad.

Todos estamos de acuerdo en que el problema de la salud es un problema estratégico. La salud está alineada con el desarrollo económico y cultural de un país. La salud es un motor de desarrollo económico.

Por ello deben desarrollarse políticas de Estado a largo plazo buscando la connivencia del ciudadano y no su voto. Las Autoridades Sanitarias deben de centrarse en gestionar la salud, no en los hospitales porque gestionar bien la salud es más rentable.

Resumiendo, necesitamos hacer frente a los grandes retos de nuestro Sistema Nacional de Salud:

• La promoción de la salud y prevención de las enfermedades
• El mantenimiento y mejora de la calidad
• La mejora de los procesos de incorporación y formación en la profesión médica y de enfermería y desarrollar la excelencia del personal
• El acceso inmediato a la innovación científica y tecnológica
• La eficiencia en la producción y en el uso de los servicios y de la tecnología
• Garantizar a los ciudadanos la equidad y la accesibilidad
• Garantizar la cohesión y la sostenibilidad.
• Conseguir la efectividad del sistema, resultados en salud

Para ello es necesario cambiar el modelo político, legislativo, económico y asistencial, es necesario un nuevo modelo para el desarrollo del personal asistencial y de la investigación . Necesitamos un nuevo modelo de gestión tecnológica y farmacéutica.
Necesitamos en fin Un Nuevo Modelo de Gestión de la Salud, a construir entre todos,  más libre, más justo, más eficiente y más efectivo al margen de los vaivenes políticos y rivalidades partidarias y regionales.