Si siempre ha sido necesaria una actuación eficiente y el buen gobierno de la sanidad, es ahora, en plena efervescencia de la crisis, cuando lo es aún más.

La dramática bajada de ingresos por parte de las Administraciones Públicas obliga a un fuerte ajuste del gasto lo que indefectiblemente afectará también a la sanidad.

Hay que pagar lo que se debe y hay menos dinero disponible, como todos saben. Ello obligará a gastar menos, priorizando los gastos y eliminando los gastos superfluos para garantizar los necesarios.

Obligará a ser más eficientes eliminando duplicidades, mejorando procesos y coordinando todos los recursos; pero también obligará a obtener financiación adicional.

La financiación adicional deberá venir por diversas medidas, por hacer efectivo el cobro de los servicios que están cubiertos por las compañías de seguros por accidente de tráfico, de seguros deportivos, los cubiertos por las mutuas laborales, por aplicar la legislación europea que obliga a cada país a pagar los gastos incurridos en otro país miembro los servicios cubiertos en su país de origen y a pagar el resto por el propio interesado.

Vendrá por impedir el Turismo Sanitario y por aplicar respecto a los extranjeros no comunitarios que no coticen y paguen sus impuestos en España el convenio que se tenga establecido con su país.

Incentivando el aseguramiento privado también es una manera de conseguir mayor financiación ya que se dispondrá de mayor cantidad de dinero para atender a los usuarios del seguro público. O aplicando tasas como la tasa por expedición de receta que ha implantado Cataluña.

En lo que se refiere al copago farmacéutico, que como todos saben es del 40% y 0% para jubilados pensionistas, excepto a los pensionistas de las Fuerzas Armadas que siguen pagando el 35%, el copago efectivo promedio es mucho más bajo; es de menos del 6% y va bajando.

La medida del Gobierno supone una reestructuración del copago farmacéutico para que los jubilados que más ganan paguen un 10% y las personas que más ganan pasen a pagar un 50 o un 60% de los medicamentos. Pero también beneficiando a otros sectores de la población para que no paguen nada como es el los parados sin prestación, a los que habrá que resolver su acceso a la tarjeta sanitaria. En todo caso esto no supondrá un aumento significativo de la financiación.

Las medidas de eficiencia parecen restringidas en la creación de una central de compras, pero echamos de menos medidas concretas de eficiencia en la prestación asistencial a nivel del Estado pues se dice que esta es competencia de las CC. AA.

Pero no. Creo que desde el punto de vista de la configuración del Estado se pueden abordar medidas de eficiencia con la creación de hospitales de referencia para diferentes patologías y también con una coordinación legislativa que acabe con el actual galimatías legislativo por el desarrollo sin freno de normativas autonómicas.

También desde el estado se debería legislar sobre las relaciones entre las CCAA en materia de salud, garantizando su coordinación y la optimización de sus recursos para un uso más eficiente y de mayor calidad y seguridad para los pacientes.

Tenemos hospitales con dotaciones de equipos médicos y tecnológicos con capacidad cesante y, lo que es peor, con casos insuficientes para mantener a los equimos médicos con la necesaria práctica. Optimizando los recursos conseguiremos la necesaria eficiencia pero también calidad y seguridad en la práctica clínica

Estoy seguro que el sentido común se generalizará entre todos los responsables políticos de la sanidad. Por ello, no perdamos el ánimo ante las dificultades. Trabajando con ilusión y con optimismo y manifestando libremente vuestros criterios, de manera positiva, con sensatez y sin acritud, juntos todos conseguiremos salir de esta situación de dificultad. Tenemos que ganar el futuro.