La Historia nos dice que cualquier poder, y las personas que lo forman, tienden hacia el absolutismo si no hay otros poderes que sirvan de referencia y puedan contrastar y controlar sus actuaciones. Por ello es fundamental que un Estado de Libertades pueda organizarse de manera que el poder resida en cada uno de sus ciudadanos, y el poder delegado por ellos en las instituciones pueda estar distribuido entre las mismas, de manera que entre ellas puedan contrastar y controlar que sus actuaciones se desarrollan conforme a la ley y a su espíritu, como expresión del deseo de los ciudadanos.

Como decía ya en el siglo I Dionisio de Halicarnaso en “La enseñanza de la filosofía a través de ejemplos”: Cada vez que una élite de iluminados se alza con el poder político para reconstruir la realidad conforme a sus apriorismos utópicos y abstractos, quien acaba sufriendo las consecuencias de sus desatinos son los pueblos, uncidos bajo su pesado yugo, pueblos formados por hombres, mujeres y niños tan reales como concretos.

El abuso de la clase política, la oligarquía de los partidos, los defectos de la ley electoral y de la financiación de los partidos, están en la boca de la mayoría de los ciudadanos y en los titulares, noticias y artículos de opinión de la mayoría de los
periódicos, revistas y otros medios de comunicación. Y no solo en España sino en la mayoría de los países de nuestro entorno. El ciudadano cada vez se siente más controlado, más dirigido, y el Estado, bien desde el gobierno y las instituciones centrales como desde las autonómicas, cada vez asume más competencias, cada vez interviene y reglamenta más la vida de los ciudadanos,
acaparando poco a poco más espacio en detrimento de la sociedad civil y de la iniciativa de las personas que la componen. El sentimiento de opresión está tomando fuerza ante el dirigismo y control en ocasiones exacerbado al que se somete al ciudadano.

La diferenciación de poderes entre el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial es imprescindible para garantizar un estado verdaderamente democrático. No hay democracia si no hay independencia de poderes.

Hay países, como Estados Unidos o Francia, en los que se elige al Ejecutivo directamente, no a través del Parlamento. En
estos casos, el ejecutivo lo preside el Presidente de la República, son lo que se llaman sistemas presidenciales. En otros casos como Inglaterra o España, el Ejecutivo es presidido por el jefe del gobierno, que es elegido a su vez por el Parlamento. Son lo que se llaman Monarquías parlamentarias. Pero el Parlamento se forma a partir de las listas cerradas de candidatos elaboradas por los Partidos, con lo que al final, son los partidos los que, en primera instancia, eligen a los parlamentarios.

El hecho de que exista una monarquía, sujeta la constitución, no debería ser obstáculo para la elección directa del Jefe del Ejecutivo por los ciudadanos y no por el Parlamento, al margen del poder que pueda ostentar el Monarca de acuerdo con la constitución que es un poder fundamentalmente simbólico.

Además, al igual que en Estados Unidos y en otros países, debería haber una limitación del tiempo de mandato a dos mandatos
como máximo y debería recoger la Constitución la imposibilidad de que un presidente pudiera acometer ninguna iniciativa tendente a modificar el tiempo de mandato, para estar a salvo de posibles manipulaciones como la de Chávez en Venezuela.

Para que pueda mantener su independencia, el Poder Judicial no puede ser elegido por el Parlamento ni por el Gobierno. Tanto
el Poder Judicial como los Fiscales han de ser elegidos por los ciudadanos de entre aquellos que cumplan los requisitos de formación, carrera judicial, y otros méritos que garanticen que los candidatos son los más idóneos desde el punto de vista profesional. Lo mismo ocurre con el Tribunal Constitucional, que debería formar parte del Poder Judicial y ser independiente del poder Legislativo y del Ejecutivo.

Teóricamente, el poder legislativo está detentado por el Parlamento. En España el Parlamento o Las Cortes, está compuesto por dos cámaras, el Senado, como pretendida cámara de representación territorial y de segunda cámara legislativa, y el Congreso como cámara de representación de los ciudadanos.

Pero las listas cerradas hacen que el poder legislativo esté en manos de los partidos políticos. Y como el resto de poderes,
dependen del Legislativo, encontrándonos así con un régimen que en vez de ser una democracia, poder del pueblo, es una partitocracia, es decir, que el poder se ejerce por los Partidos Políticos, no por los ciudadanos.

Parece razonable que el Congreso de los Diputados, en cuanto cámara representativa de los ciudadanos,  debería estar formada por el criterio una persona un voto, con el mismo valor de representación a la hora de lograr su representación en la Cámara. No tiene sentido que el valor del voto de una persona difiera en función del lugar donde resida.

Pero también parece razonable que se configuraran listas abiertas, de manera que se vote a las personas, no a los partidos. La
libertad es la libertad de las personas y no puede ponerse en un segundo plano detrás de las organizaciones. Las organizaciones no son nada sin las personas. La historia ha demostrado que las organizaciones que priman sobre las personas son fuente de corrupción. El fin nunca justifica los medios.

Referente al Senado, en tanto que Cámara de representación territorial, debería contemplar la representación territorial del Estado contemplado por las provincias y las regiones o Comunidades Autónomas. El Senado debería supervisar no solo los proyectos de Ley del Congreso Nacional sino también los de los parlamentos de las Comunidades Autónomas.

Finalmente, hasta la publicación de la Ley Orgánica sobre financiación de partidos políticos en Julio de 2007, resultaba
increíble que las donaciones a los partidos fueran anónimas, algo que estaba perseguido y penado en países como Estados Unidos donde existe una transparencia total en la financiación de los partidos. Las donaciones anónimas eran una fuente de
corrupción, si es que no son corrupción en sí mismas. Esta ley, además limita a una cuantía de la donación a un máximo de 150.000 euros por año. Esperemos que esto sirva de ejemplo para la corrección y actualización de otras leyes orgánicas
referentes al sistema electoral y a otros temas tratados en este artículo.

Sirvan estas reflexiones, que no propuestas, sobre la independencia de los poderes del Estado, la oligarquía de los partidos políticos y su financiación, para desde el sentido común, evaluar el grado de perfección o imperfección de las democracias parlamentarias, partiendo desde cero en nuestras reflexiones y no condicionados por lo “establecido” o “políticamente correcto”.