En nuestra sociedad, prácticamente todos creemos que la libertad, la justicia, la igualdad de oportunidades y la solidaridad, que deben alcanzar a todos los ciudadanos sin distinción.  Nadie discute que es necesario trabajar en la defensa de las personas, respetando su dignidad, y garantizando su libertad y exigiendo su responsabilidad como persona individual. La persona, el ciudadano, en tanto que individuo único e irrepetible, debe ser el eje de la acción política ya que lo es del progreso individual y social.

La dignidad del ser humano y sus derechos, forman parte de los valores de libertad y democracia, inherentes al humanismo de nuestra sociedad occidental. El Estado de Derecho que garantiza estos valores, es la base de la convivencia pluralista.

El hombre no puede desarrollarse socialmente en su plenitud si no es desde su libertad individual, desde su sentimiento como ser único y con voluntad autónoma. El amor y el respeto a los demás y a su dignidad pasa por el amor, y respeto a uno mismo. Si no eres digno y respetuoso contigo, no lo podrás ser con los demás. La dignidad de uno mismo es la palanca que potencia la capacidad del ser humano para el reconocimiento, respeto y defensa de la dignidad de los otros.

Los hombres tienden a garantizar su supervivencia y desean asegurar su existencia y bienestar, no solo actual, sino la futura. Desean vencer a la incertidumbre. Y esa inseguridad, esa incertidumbre del futuro, es la que le lleva a ese afán de acumular riqueza y poder. Y ese afán de acumulación de riqueza y poder puede afectar a la libertad de los demás. El camino más corto es arrebatar a los demás sus posesiones y su libertad.

Por ello, un Estado de libertades es un Estado cuyo equilibrio está amenazado constantemente por los propios individuos que lo forman, pero sobretodo por aquellos que no comparten las reglas del Estado de Derecho, que no participan de sus valores y que tratan de imponer su propia razón en detrimento de la de los demás por la vía de la fuerza, de la coacción u otras artes sorteando o forzando e incumpliendo las leyes del Estado.

La Historia nos dice que cualquier poder, y las personas que lo forman, tienden hacia el absolutismo si no hay otros poderes que sirvan de referencia y puedan contrastar y controlar sus actuaciones. Por ello es fundamental que un Estado de Libertades pueda organizarse de manera que el poder resida en cada uno de sus ciudadanos, y el poder delegado por ellos en las instituciones pueda estar distribuido entre las mismas, de manera que entre ellas puedan contrastar y controlar que sus actuaciones se desarrollan conforme a la ley y a su espíritu,
como expresión del deseo de los ciudadanos.

Montesquieu defendía la diferenciación de poderes entre el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. No hay democracia si no hay independencia de poderes. Las ideas de Montesquieu no pueden morir para los demócratas. No podemos elegir cada cuatro o seis años a un Presidente con casi plenos poderes de facto.

Ideas como las listas abiertas en las elecciones legislativas, la participación directa del ciudadano en la elección del Ejecutivo y en el nombramiento del Poder Judicial, son condiciones parece que deberían de ser tenidas en cuenta para que el poder resida en los ciudadanos.

Pero no es suficiente solo esta diferenciación de poderes. En una democracia el poder ha de residir en el ciudadano, no solo para votar una vez cada varios años sino que lo ha de poder ejercer también mediante su participación en la sociedad civil, mediante su actividad  profesional y cultural. Por ello es fundamental el respeto de los poderes públicos por las organizaciones civiles (sanitarias, artísticas, empresariales, educativas,  científicas, culturales, etc.) que deben ser las verdaderas protagonistas y dinamizadoras del desarrollo de la sociedad.

Por ello se debe potenciar el desarrollo de la vida civil, fomentando las asociaciones y fundaciones, academias, y colegios profesionales, fomentando la iniciativa y la diversidad, defendiendo las instituciones que las protegen frente al riesgo de los abusos del Estado.

Pero es fundamental que convengamos en un régimen ético al que deban de sujetarse todas las personas que se desenvuelvan en la vida pública, que tienen responsabilidades públicas bien sea en la Administración o bien en las organizaciones civiles o políticas.

Se debería establecer un régimen ético para la conducta de las personas que ostentan poder o autoridad tanto en las Instituciones Públicas como en las Privadas, de manera que se exijan responsabilidades a quienes las incumplan mediante la mentira, la corrupción o la manipulación, y hacer cesar obligatoriamente a los responsables civiles o políticos que no actuaran respecto a la ética definida.

En un Estado de bienestar, en el que se garantiza a todos los ciudadanos el acceso a la enseñanza básica, superior, especializada y universitaria, en el que se ofrece una cobertura sanitaria universal con una amplísima cartera de prestaciones, una asistencia a la dependencia, etc., el Estado debe procurar que  la provisión de estos servicios sea de la máxima calidad y al mejor coste posible, es decir, eficaz y eficiente.

Y está ampliamente demostrado que la máxima eficiencia y eficacia se produce como consecuencia de las leyes de mercado de competencia perfecta, es decir, cuando el acceso al mercado es libre, cuanto este es transparente y cuando está regulado de tal manera que se eviten situaciones especulativas y de monopolio. Esta sería la labor más importante del Estado: asegurarse una oferta de calidad en la provisión de servicios suficiente, eficaz y eficiente, creando las condiciones de acceso al mercado por parte de las iniciativas públicas o privadas, incluso mediante fórmulas de colaboración público-privadas o entre administraciones públicas (como hizo Cataluña en Sanidad creando consorcios y convenios con el fin de garantizar la oferta, lo que posibilitó contar con la actual red de hospitales de utilización pública) de manera que concurran en un mercado en el que la demanda debería estar en manos de los ciudadanos y no en manos de las Administraciones Públicas.

Este triángulo formado por el financiador (el Estado), los proveedores (los centros públicos y privados o mixtos) y los clientes (los ciudadanos) permitiría el ejercicio de una sana competitividad y una alineación de los servicios conforme a la demanda real de los ciudadanos y no a la que teóricamente pudiera dictaminar el gobierno regional o central de turno.

El ejercicio de la libertad, la libertad del ciudadano, implicarían la libre elección por éste del colegio para sus hijos, de la universidad, el médico que quiere que le atienda, el hospital, etc., pero también del partido y sindicato al que quiera financiar.

Hoy en día los partidos y sindicatos se financian principalmente a cargo de los presupuestos del Estado. De esta manera, todos los contribuyentes financiamos a todos los partidos y a todos los sindicatos y carecemos de libertad para financiar al Partido o Sindicato que discrecionalmente deseemos.

Parece razonable que los partidos deberían ser financiados básicamente por sus militantes o simpatizantes, no por el Estado con cargo a los Presupuestos Públicos. Y todo en un régimen de transparencia y fiscalización pública.

Lo mismo ocurre con los sindicatos. Deberían financiarse con las cuotas de sus militantes. En este caso podría ser obligatorio, como ocurre en Estados Unidos, tener un sindicato, igual que el seguro del coche, y que su contribución se dedujera de su recibo de salario, de manera que el trabajador decida libremente a qué sindicato quiere pagar. Esto probablemente facilitaría una despolitización de los sindicatos, a mi parecer deseable, e introduciría un elemento de competitividad en la defensa de sus afiliados

Se trata de que sea el ciudadano el que decida en cada caso, siempre que esto sea posible, y no de que todas sus decisiones queden comprometidas en un solo acto cada cuatro años cuando concurra a votar. Es necesario reclamar para el ciudadano “el poder del cliente”, que elige en cada caso lo que más le conviene en función de la oferta de servicios que recibe.

En la medida de que se restrinjan más o menos las libertades individuales, habrá un componente de dictadura y totalitarismo en mayor o menor grado. Como decía al principio, la libertad colectiva no existe más que como suma de libertades individuales y ningún partido político o gobierno puede arrogarse que sus decisiones representan la libre decisión de los ciudadanos.