Creo que el 15 M, al menos en Madrid, ha sido  un movimiento aprovechado, cuando no inducido, por una cierta extrema izquierda, en línea con el librillo “Indignaos” de Stéphane Hessel, que añora  sus años de juventud comunista en la guerrilla francesa, y que reclama aspectos tan  dispares como la nacionalización de la banca, con planteamientos trasnochados y  de vuelta atrás.  El pasado es  irrecuperable, lo que hay que conquistar es el futuro. Con libertad.

Pero, sin embargo, sí es muy cierto que una gran parte de la población (por no decir la mayoría) no están contentos con este régimen político, con la invasión de la vida privada por el gobierno, con la connivencia entre el gobierno y los partidos, con los bancos y cajas, con el exceso de gasto público y la ostentación de edificios, coches, secretariados, gabinetes, etc.; con la disparidad (o disparate) de las Autonomías. No están de acuerdo con sindicatos  que no defienden el empleo, que no defienden a los parados, que solo velan por sus intereses, por los votos de los trabajadores activos que son los que, con sus votos les aportan el dinero que buscan. No están de acuerdo con los disparates de la judicatura debido a su politización; no están de acuerdo con la inseguridad jurídica; no están de acuerdo con las mentiras reiteradas, con el cinismo sin freno de políticos que dicen defender lo que cada día atacan y destruyen. Los ciudadanos estamos hartos del autoritarismo de ciertos políticos que parece que nos están perdonando la vida. No están de acuerdo en que vean peligrar sus pensiones y sus prestaciones sanitarias cuando ven la ostentación de los sueldos y las prebendas de los políticos.

Quieren empleo, seguridad y bienestar, a cualquier coste. Y esto solo se logra si el país es capaz de generar riqueza, que es la única manera de generar empleo; y solo con riqueza se puede financiar el bienestar social.

A éstos hay que decirles: ¡No os conforméis! Podemos cambiar la situación. Vamos a trabajar. En estos momentos, desde diversos medios de comunicación y desde diversas fundaciones o asociaciones  civiles se está defendiendo la idea de la urgente necesidad de transformación de nuestra sociedad. No una vuelta atrás. Hay que poner en valor los logros de nuestra civilización y poner los medios que eviten las perversiones del Modelo y mejorar en función de la experiencia; no destruir sino construir. Tenemos que pasar del Estado del Bienestar a la Sociedad del Bienestar. Vamos a evolucionar hacia adelante, vamos a evitar la degradación de nuestra sociedad y vamos a conseguir su mejora y su superación. Entre todos. Juntos. Nada es imposible y todo se puede cambiar. No nos dejemos engañar.[1]

Pese a sus evidentes beneficios, este régimen político,  principalmente durate la segunda etapa de Felipe González y, sobre todo bajo  Zapatero,  ha desvirtuado la  justicia, el parlamento, la universidad, los sindicatos, las cajas de ahorro y  el sistema financiero; han desplazado a la sociedad civil de allá donde han  podido, creando fundaciones y empresas púbicas o actuando directamente desde la  Administración. Los partidos quieren poder y cargos para ellos. Esto es  lo que les mueve: conseguir la mayor cuota de poder, dominar lo más posible,  porque el sistema es un sistema corrupto.

Es necesaria una transformación política, una transformación económica y una transformación social. Es necesario un régimen político realmente democrático y con una participación sustancial de la sociedad civil. Es necesario un modelo económico competitivo que garantice el progreso económico, científico y social, que promueva la innovación y que impida situaciones especulativas y monopolísticas. Es necesaria una transformación social que ponga en valor la solidaridad, el bien común, la libertad individual, el premio al esfuerzo, a la iniciativa, la actividad emprendedora y la innovación.

Es necesaria una transformación de nuestra sociedad para lograr la erradicación de la exclusión y marginación social de las personas, la protección de la libertad, la confidencialidad y los derechos individuales, el desarrollo de la actividad empresarial, la investigación y la innovación en un contexto de reconocimiento social; la defensa de las iniciativas personales como base y fundamento de la creatividad, la innovación y el progreso; la defensa de la competitividad como motor que genera la mejora continua y el crecimiento de la riqueza.

Es indiscutible la necesidad de independencia de los poderes judicial, ejecutivo y legislativo. Para ello sería conveniente la elección directa del Presidente del Gobierno, elección en la que cada voto debería tener el mismo valor, independientemente del lugar de residencia del ciudadano. Igualmente sería conveniente la elección directa de los Fiscales, la designación de Jueces por el Poder Judicial y elección del poder judicial por los jueces.

Habría que hacer una modificación del régimen electoral para que  las elecciones legislativas se realicen mediante listas abiertas y la aplicación de la ley de proporcionalidad y eliminación de los porcentajes mínimos de la ley de Hondt. El ventajismo de los partidos locales y nacionalistas es injustificable en el parlamento del Estado.

En el Parlamento (Cortes Españolas), en el Congreso de Diputados, en cuanto órgano de representación de los ciudadanos, cada voto debería tener el mismo valor, independientemente del lugar de residencia del ciudadano.  El Senado, en cuanto órgano de representación Territorial, debería estar formado por la representación de los parlamentos autonómicos, no siendo necesaria la votación directa de los ciudadanos, ya que serían representantes de dichos  Parlamentos Autonómicos. Las leyes autonómicas deberían pasar por la aprobación del Senado, que es quien debe tener como misión la armonización legislativa y la elaboración de textos refundidos comunes a todas las Comunidades Autónomas, y que sometería a la aprobación del Congreso de Diputados.

En cuanto a la Organización de la Administración del Estado, sería necesario el establecimiento de un Consejo Interterritorial con capacidad ejecutiva, cuyas decisiones sean de obligado cumplimiento para todas las Comunidades Autónomas. Este Consejo tendrá Comisiones específicas para las diferentes actividades de gobierno (Sanidad, Trabajo, Industria, Fomento, etc.)

Es necesario racionalizar las estructuras de los múltiples organismos políticos y administraciones públicas estatales, autonómicas, provinciales, municipales, etc. No se puede soportar esta carga administrativa y burocrática, cada vez más descoordinada.

La prohibición de la creación de Fundaciones y Empresas Públicas por las Administraciones Públicas, prohibición de la concesión de donaciones o subvenciones a  Fundaciones y Empresas Privadas así como a otras Organizaciones o Corporaciones Civiles y control del gasto Público por los organismos independientes del poder ejecutivo, deberían sustituir a muchas de las prohibiciones dirigidas hacia los ciudadanos.

Es necesario perfeccionar el control de los poderes públicos, estableciendo sistemas que permitan a la sociedad civil controlar las decisiones de los poderes públicos; sistemas  objetivos de medición que evalúen los resultados de las actuaciones de las autoridades públicas y que obliguen a que se ejecuten acciones automáticas que lleguen, incluso a la dimisión del político
directamente responsable de los resultados.

En cuanto a las organizaciones políticas y sindicales, su financiación debería realizarse por los militantes o asociados y no por el dinero de todos los contribuyentes. Sin financiación pública. Habría que establecer un régimen de transparencia de sus gastos e ingresos y la prohibición de endeudamiento.

No obstante habría que estudiar la posibilidad de financiación por parte de organizaciones privadas bajo un régimen que determine importes máximos y otras condiciones, posibilidad de dedicar una parte del salario a la financiación de los sindicatos pero, en ese caso, determinando cada trabajador a qué sindicato quiere financiar.

Elección de los órganos de gobierno y la elección de candidatos a incluir en las listas han de ser elegidos por la asamblea de militantes. En el caso de los sindicatos, los electores sindicales deben ser tanto los trabajadores en activo como los parados, reciban o no subsidio de desempleo.

Respecto a la Educación y la Sanidad, es necesaria la separación entre provisión de los servicios sanitarios y de educación, el aseguramiento y la financiación. En necesario garantizar la libertad de elección por el ciudadano de Centro de enseñanza y de Centro Sanitario, la trasparencia en actividades recursos y resultados, autogestión, concurrencia publico-privada y competitividad que garantice la innovación, la mejora de la calidad y la sostenibilidad.

La financiación de la Seguridad Social, (Asistencia a discapacitados, Jubilación y Pensiones) debería estimarse en función de estudios actuariales basados en la evaluación del riesgo y salir del sistema piramidal actual.

El modelo económico debe basarse en la competitividad, que es el motor que genera la mejora continua y el crecimiento de la riqueza. Esta competitividad es buena a todos los niveles: profesional como individuo y empresarial como grupo, pues es la fuente de la creatividad, la innovación y el progreso. Solo es posible crear empleo si se crea riqueza. Sin riqueza no es viable una sociedad de bienestar.

Sin embargo, el proceso de competencia puede crear situaciones de privilegio permanentes no deseables. Las situaciones especulativas, de monopolio u oligopolio son indeseables pues cercenan la competitividad y, por tanto, la creatividad y la innovación y, por todo ello, el tejido industrial.  Consecuentemente, el  Estado debe regular el mercado para evitar estas situaciones y para garantizar la transparencia y comparación de los servicios, pero no intervenir en el mismo mediante la producción directa de bienes y servicios ni creando situaciones de privilegio.

El Estado debe garantizar los servicios pero no necesariamente producirlos ni sobreproteger a quienes los producen sino crear las condiciones para que se desarrollen las iniciativas y decisiones personales. Defender las iniciativas personales es defender la creatividad, la innovación y el progreso.

Hemos de forzar al Gobierno de la Nación, a los de las Comunidades Autónomas y a los partidos políticos para realizar los procesos de transformación legislativa y constitucional que contribuyan al perfeccionamiento de nuestra sociedad, al progreso económico y a la justicia social en un entorno de reconocimiento de las libertades individuales y del protagonismo de los ciudadanos en el acontecer político, económico y social.