Es indudable que los resultados de la descentralización y desconcentración de la gestión de la sanidad han significado en muchos casos la corrección de desigualdades territoriales. El nuevo modelo descentralizado ha provocado mejoras en la accesibilidad y en la planificación para la accesibilidad, en la integración de recursos entre la sanidad asistencial, la sanidad pública y la salud mental; mejoras en la dotación de tecnologías diagnósticas y terapéuticas en cada región, mejora de las condiciones laborales e incremento de médicos y profesionales y un acercamiento entre ciudadanos, profesionales y la Administración Pública.

Pero también es indudable que este nuevo modelo ha supuesto un coste importante en organización administrativa política y
funcionarial. En definitiva, con este nuevo modelo logístico se gana eficacia, se gana en efectividad aunque se pierde en eficiencia.

El compromiso político regional y la competitividad entre Comunidades, nos ha llevado también a incurrir en una carrera en
prestaciones diferenciadas. Los ciudadanos, de entre los diferentes servicios públicos, dan la valoración máxima, con diferencia, a la salud. Este es un tema por tanto ante el que los políticos autonómicos son muy sensibles. También el afianzamiento del poder autonómico ha llevado a una independencia a veces extrema en la toma de decisiones y a una falta la planificación conjunta en seno del SNS.

El crecimiento de la población atendida (protegida) tanto comunitaria como inmigrante y el incremento del coste en Sanidad y el mal uso (abuso) del sistema son elementos que inciden directamente sobre las necesidades de financiación y de ordenación
de los servicios de salud. En el futuro será necesario incrementar el porcentaje de participación de la sanidad en el PIB, tanto para poder pagar lo que debemos como para mejorar los servicios demandados.

No se puede separar la financiación de la equidad y la sostenibilidad, por ello, el modelo de financiación debe atender a la estructura regional de cada Comunidad, como por ejemplo la dispersión geográfica, y a variables como el crecimiento interanual y la estructura de la población, siendo necesaria la adecuación del Fondo de Cohesión y de los Fondos Específicos a estas variables.

El Estado debe garantizar el aseguramiento de la equidad y la calidad en todo el territorio nacional. Para garantizar la equidad
se debe hacer un esfuerzo de coordinación del Consejo Interterritorial y para ello, el papel del Ministerio de Sanidad es por ello más que importante, imprescindible.

El SNS se financia en su mayor parte por impuestos. Se comprueba que cuanto más se de, más reclaman los ciudadanos, entonces, ¿qué hacemos?  En palabras del economista Samuelson, a coste cero la demanda es infinita, por lo que será necesario implantar medidas correctoras que contengan de alguna forma la demanda.

De aquí la necesidad de reformar el modelo de financiación. Para ello hay que definir previamente qué prestaciones cómo y con quién. El debate sobre lo que se quiere hacer y lo que cuesta debe ser único.

Es necesario analizar la cartera de servicios mediante un estudio del coste/rentabilidad social en términos financieros y de salud, identificando las prestaciones que deben estar cubiertas, que serían todas las vitales, las prestaciones no cubiertas y las
prestaciones sujetas a copago, que serían las nos vitales y las que se prestan a un mayor abuso. Es necesario programar los niveles de calidad. Es necesario formar y corresponsabilizar al ciudadano y al paciente con su propia salud. Uno de los problemas más importantes de salud pública es el incumplimiento terapéutico y la baja alfabetización de los pacientes en salud. Es necesario mejorar la racionalidad del gasto ya que la gestión en el SNS no es eficiente en muchos casos: la falta de rigor, la ausencia de criterios objetivos y de eficiencia económica nos ha llevado a un gasto estructural de difícil resolución.